Los inmigrantes arriesgan su salud o su deportación
BALTIMORE, MD – En medio de una crisis de salud global, la ACLU de Maryland presentó una queja administrativa contra un juez de inmigración de Baltimore que se niega a seguir las recomendaciones de los expertos en salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y las súplicas del gobernador de Maryland por distanciamiento social al negar las mociones de emergencia de los abogados de inmigración para continuar, lo que pospondría las audiencias o las fechas de juicio. Todos los funcionarios gubernamentales deben seguir las pautas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para detener la propagación de COVID-19. El juez de inmigración de Baltimore, David Crosland, ha rechazado estos problemas de salud pública y al mismo tiempo está arriesgando la salud de los profesionales de la ley de inmigración, sus clientes, el personal del tribunal, los empleados del Departamento de Seguridad Nacional y los propios jueces de inmigración.
"El juez Crosland no es un experto en salud pública", dijo Nick Taichi Steiner, abogado de la ACLU de Maryland. “Durante esta emergencia de salud pública, la indiferencia de las pautas de los funcionarios de salud pública destinadas a protegernos podría terminar con consecuencias mortales. El juez Crosland debe rendir cuentas. Él está eligiendo rechazar categóricamente los intentos de posponer las audiencias de inmigración, poniendo en riesgo a las poblaciones vulnerables al obligarlas a asistir físicamente a sus procedimientos de inmigración. Nadie debería tener que elegir entre la amenaza de deportación o de una enfermedad grave que podría terminar con la muerte.”
A pesar de los argumentos de que estamos enfrentando una pandemia global, el juez Crosland ordenó la deportación de un inmigrante, a pesar de que solo no asistió a su audiencia por temor a la pandemia. Crosland negó otros dos intentos de aplazamiento de otro abogado de inmigración que se supone que comparecerá ante el juez a finales de esta semana. El juez Crosland incluso llegó a burlarse de este abogado de inmigración, diciendo en su negación que él es mayor que ella, como si eso fuera una justificación legítima para negar su moción de posponer la audiencia. Como juez, el bienestar de quienes entran a su sala de audiencias debería ser su máxima prioridad. La voluntad del juez Crosland de obligar a los abogados de inmigración y sus clientes a entran a los tribunales y correr el riesgo de exposición al coronavirus o correr el riesgo de que su cliente sea deportado es inapropiado, poco ético y debe detener eso de inmediato.
La gravedad de esta pandemia mundial no se pierde en los grupos de todos los aspectos de la cuestión de la inmigración. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, el sindicato de Jueces de Inmigración y el sindicato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) enviaron una carta conjunta solicitando que los tribunales de inmigración se cierren en todo el país. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, ha pospuesto la primaria del 28 de abril y cierro las escuelas, gimnasios, restaurantes y bares para limitar la propagación de COVID-19. Muchos funcionarios públicos están tomando muy en serio el coronavirus y sus implicaciones para la salud pública. La indiferencia del juez Crosland por el consejo del CDC, el equipo de Coronavirus de la Administración Trump, las súplicas del gobernador de Maryland a distanciamiento social y la salud y la capacidad del público para contener la pandemia de COVID-19 arriesgan negar algunos de los esfuerzos importantes que otras agencias están tomando para obtener el control sobre la propagación de la enfermedad mortal.
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