La ACLU de Maryland es una organización no partidista que existe para empoderar a residentes de Maryland a ejercer sus derechos para que la ley valore y eleve su humanidad. Los proyectos de ley siguientes son algunos de los temas a los que esperamos dedicar mucho tiempo y recursos durante la Sesión Legislativa de 2025.
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Prioridades en la Asamblea General 2025 – pdf descargable
En todo el país, Maryland encarcela al porcentaje más alto de personas negras. El 71 por ciento de nuestra población carcelaria es negra, más del doble del promedio nacional. Es una gran vergüenza que Maryland también lidere la nación en sentencias de prisión más largas para jóvenes negros, a una tasa 25 por ciento más alta que el estado más cercano: Mississippi. Estos hechos muestran una cuestión de justicia racial urgente y profundamente preocupante dentro del sistema de justicia penal de Maryland.
La única manera de reducir las disparidades raciales existentes es crear caminos más sinceros para la liberación de quienes han demostrado su rehabilitación.
Para avanzar hacia la justicia restaurativa y reducir el encarcelamiento masivo, la ACLU de Maryland y la Coalición de Segunda Consideración de Maryland (su nombre en inglés es “Maryland Second Look Coalition”) trabajarán para aprobar la Ley de Segunda Consideración de Maryland (su nombre en inglés es “Maryland Second Look Act”). El proyecto de ley busca abordar las disparidades raciales extremas del estado y promover la seguridad pública. Permitirá a las personas que cumplen sentencias extremas y que han cumplido al menos dos décadas la oportunidad de solicitar al tribunal que modifique o reduzca su sentencia dependiendo de su rehabilitación demostrada. Esta iniciativa basada en la evidencia reconoce el potencial transformador de centrar la rehabilitación y reconoce la urgencia de abordar la justicia racial en nuestro sistema legal penal.
HOJA DE HECHOS – APROBAR LA LEY DE SEGUNDA CONSIDERACIÓN DE MARYLAND
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La Ley de Responsabilidad de la Policía de Maryland (Maryland Police Accountability Act en inglés) de 2021 ordenó a todos los condados y a la ciudad de Baltimore que establecieran una Junta de Responsabilidad Policial (PAB por sus siglas en inglés) y el Comité de Acusaciones Administrativas un Comité de Carga Administrativa (ACC por sus siglas en inglés). A pesar del fuerte apoyo de la comunidad, las investigaciones y las mejores prácticas que muestran que los poderes de investigación independientes son fundamentales para las juntas comunitarias que supervisan a su policía, ningun PAB en Maryland tiene esta autoridad ahora. Actualmente, las PAB y los ACC solo pueden confiar en investigaciones policiales internas cuando realizan revisiones y deciden si acusan o no a un oficial. Para que las Juntas de Responsabilidad Policial (PABs) actúen verdaderamente como independientes e organos de supervision activos, estos poderes deben ser parte de las PABs por todo el estado.
En 20254, el ACLU y la Coalición de Maryland para la Justicia y la Responsabilidad Policial trabajarán para aprobar un proyecto de ley para aclarar que los grupos locales que gobiernan tienen el poder de permitir que sus PABs emitan citaciones, entrevisten a testigos y empleen todas las demás técnicas de investigación necesarias para sacar conclusiones precisas de incidentes y para investigar reclamaciones antes de que el ACC tome una decisión.
En 2021, la Asamblea General sacó con éxito al Gobernador del proceso de libertad condicional. Esto finalmente eliminó el proceso politizado de permitir que los gobernadores revocaran decisiones para otorgar libertad condicional a residentes de Maryland que cumplían sentencias de cadena perpetua. Sin embargo, hubo un error de redacción que excluyó la libertad condicional médica. Es el único tipo de libertad condicional que todavía requiere la aprobación del gobernador.
Esto es grave porque es muy importante que la Comisión de Libertad Condicional de Maryland pueda actuar rápidamente cuando el candidato a la libertad condicional está gravemente enfermo o agonizante. En 2025, la ACLU trabajará con aliados para apoyar un proyecto de ley que solucione el error.
HOJA DE HECHOS – QUITAR AL GOBERNADOR DE LA LIBERTAD CONDICIONAL MÉDICA
Aunque, a lo largo de los años, Maryland ha logrado avances significativos para mejorar el acceso al voto, persisten muchos abusos del derecho al voto y estructuras discriminatorias. Los procesos y recursos legales para investigar y procesar estos abusos no han estado disponibles o han sido demasiado costosos. Esto se debe, en parte, a que las decisiones judiciales de los últimos 30 años han socavado las protecciones de la ley federal de derecho al voto (federal Voting Rights Act en inglés).
En 2025, la ACLU trabajará con aliados para introducir una Ley de Derecho al Voto de Maryland (MDVRA por sus siglas en inglés). Esta ley se basará en modelos establecidos recientemente en Nueva York y California. La MDVRA permitirá a nuestro estado enfrentar las barreras cambiantes a la participación electoral y erradicar las prácticas discriminatorias. El proyecto de ley logrará esto creando un derecho civil de acción contra la intimidación de votantes. El proyecto de ley también brindará un acceso lingüístico más amplio a votantes que no hablan inglés. También proporcionará recursos a los gobiernos locales que estén considerando cambios en las estructuras y reglas electorales. Y fomentará un enfoque simplificado y de bajo costo para abordar las quejas de discriminación electoral.
HOJA DE HECHOS – APROBAR UNA LEY DE DERECHOS AL VOTO EN MARYLAND
Hoja de Hechos – ¿Por qué Maryland necesita su propia ley de derecho al voto?
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En 2022, la Asamblea General de Maryland aprobó la Ley de Protección de Niños Durante los Interrogatorios o “Child Interrogation Protection Act” en inglés (CIPA por sus siglas en inglés). La ley exige que antes de que un oficial de policía pueda realizar un interrogatorio bajo custodia de un niño, se debe notificar a sus padres o guardianes y se debe consultar a un abogado. Esto es crucial porque los estudios muestran claramente que los niños renuncian a sus derechos Miranda a una tasa del 90 por ciento y hacen confesiones falsas a una tasa mayor que los adultos. El objetivo de la ley es proteger a los niños de ser manipulados para que hagan confesiones falsas. Esto se hará asegurándose de que reciban una explicación de sus derechos Miranda de una manera que sea apropiada para su edad y su desarrollo.
Organizaciones policiacas y fiscales se han opuesto consistentemente a esta ley. Caracterizan incorrectamente la situación de la delincuencia infantil en Maryland y continúan pediendo la reversión de la CIPA y otras reformas importantes que están diseñadas para proteger los derechos de los niños al debido proceso. Durante la sesión legislativa de 2024, defenderemos estas leyes contra estos ataques y cualquier intento de derogar o diluir la ley.
BLOG – Obtenga todos los datos de los derechos del debido proceso de los niños
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No importa si una persona tiene residencia legal en Estados Unidos o no. Los inmigrantes tienen derechos, incluidas garantías del debido proceso y protección contra la discriminación. Se deben respetar los derechos de inmigrantes. Son nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestras familias. El presidente electo prometió la deportación masiva de personas y familias indocumentadas. Sabemos que esto resultará en la ruptura de comunidades y la desestabilización de nuestra economía, pero lo que es más preocupante es que la deportación masiva conducirá a un trato inhumano y discriminatorio hacia los inmigrantes.
Con CASA liderando esta defensa, la ACLU de Maryland está unida con las comunidades inmigrantes para garantizar que nuestros limitados recursos estatales y locales no se utilicen para promover el plan racista y xenófobo de Trump para separar familias, detener inmigrantes y realizar deportaciones masivas de inmigrantes en Maryland. Trabajaremos para fortalecer las protecciones legales para todas las personas en Maryland contra intervenciones federales intrusivas e innecesarias.
