Los condados de Frederick, Harford y Cecil continúan con el programa 287(g), un programa conocido por su racismo, xenofobia y prejuicio contra los inmigrantes
WASHINGTON — La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó hoy un nuevo informe de investigación sobre el programa 287(g) de Inmigración y Control de Aduanas, que otorga autoridad federal de control de inmigración a las agencias locales y estatales del orden público, un programa que se expandió bajo la administración de Trump. El informe, Licencia para abusar, es la primera revisión exhaustiva y profunda del carácter y la conducta de los socios locales de 287(g), principalmente los alguaciles de los condados, tanto bajo la administración de Biden como en administraciones anteriores.
Los investigadores examinaron las 142 agencias de aplicación de la ley estatales y locales, incluidas las oficinas del alguacil y los departamentos correccionales, que participan en el programa 287 (g) y encontraron que 54 agencias se encuentran entre las más horribles en sus violaciones de los derechos y libertades civiles de las personas. La oficina del alguacil del condado de Frederick, Charles ("Chuck") Jenkins, se encontraba entre las 54 agencias nombradas, por su historial anterior de discriminación racial y violaciones de los derechos civiles, su retórica antiinmigrante del alguacil, su defensa de políticas fronterizas y de inmigración inhumanas y su historial de eludir la rendición de cuentas al público. En Maryland, hay tres oficinas del alguacil que tienen programas 287(g): la Oficina del alguacil del condado de Frederick, la Oficina del alguacil del condado de Harford y la Oficina del alguacil del condado de Cecil.
El informe mencionó específicamente al condado de Frederick y describió la demanda presentada por Sara Medrano, residente del condado de Frederick, y la Coalición de Recursos para el Apoyo y el Empoderamiento de los Inmigrantes ("RISE") en 2019. Medrano fue detenida por dos agentes del condado de Frederick que afirmaron falsamente que tenía una luz trasera “quebrada” y cuestionaron su estatus migratorio. La detuvieron en violación de sus derechos constitucionales de la Cuarta Enmienda, con la esperanza de que ICE viniera a arrestarla y deportarla. Con el apoyo de la ACLU de Maryland, Medrano y la Coalición RISE ganaron un acuerdo excepcional en su caso contra el Departamento del Sheriff del Condado de Frederick: Medrano recibió $25,000 en daños y una disculpa por escrito del Sheriff Jenkins por la mala conducta de sus ayudantes y reformas significativas. Estas reformas incluyeron una mayor transparencia del programa 287(g) y se implementaron las prácticas policiales del alguacil.
En el informe del progama 287g, los descubrimientos importantes incluyen:
- Al menos el 59% de los alguaciles participantes han dicho retórica antiinmigrante y xenófoba. Esto contribuye a un clima continuo de temor por los inmigrantes y sus familias y socava los compromisos de equidad racial, rendición de cuentas y anti discriminación de la administración;
- Al menos el 55% de los alguaciles involucrados en el programa han hecho declaraciones abogando por políticas inhumanas de inmigración y control fronterizo y promoviendo la información errónea y las afirmaciones falsas en las que se basan. En algunos casos, estos alguaciles están buscando activamente desafiar la autoridad federal para preservar el legado anti-inmigrante y anti-derechos humanos de la administración Trump;
- Al menos el 65% de las agencias participantes de 287(g) tienen un historial de un patrón de discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza; y
- Al menos el 77 % de los alguaciles participantes, las autoridades de las cárceles locales y los comisionados del departamento correccional del estado están administrando centros de detención con documentación seria y extensa de condiciones inhumanas, lo que implica el programa 287(g) porque cuando el gobierno federal se asocia con estas cárceles y prisiones autoriza estas condiciones.
“A pesar de la promesa de campaña del presidente Biden de eliminar los contratos 287(g) que comenzaron bajo la administración Trump, la administración Biden hasta ahora solo ha rescindido un acuerdo 287(g) de más de 140”, dijo Naureen Shah, asesora legislativa sénior de la ACLU. “Al continuar las alianzas con los alguaciles que tienen un historial vergonzoso y persistente de violaciones de los derechos civiles, en particular contra las comunidades negras y de color, el presidente Biden está enviando el mensaje de que sanciona y aprueba estos abusos. La administración Biden también está socavando sus propios esfuerzos para reparar el daño infligido por la agenda antiinmigrante de la administración Trump, así como su promesa de responsabilizar a las fuerzas del orden público por violar la ley. La administración de Biden debería dejar de trabajar de inmediato con estas agencias, cuya conducta es la antítesis de la visión de la administración de Biden para el país.
La ACLU recomienda que la administración de Biden termine por completo con el programa 287 (g). Debería comenzar a poner fin a los acuerdos con 54 agencias estatales y locales identificadas por la ACLU que tienen un historial de discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles; un historial de malas condiciones de cárcel o prisión y trato de las personas bajo su custodia; una historia de declaraciones xenófobas y antiinmigrantes y un historial de defensa de políticas de inmigración y fronterizas inhumanas, con implicaciones sobre si buscarán continuar con los arrestos y las deportaciones indiscriminadas. En esta lista se incluye la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick en Maryland.
El informe completo está en línea aquí.
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