¿QUÉ ES EL PROGRAMA 287 (G)?
287 (g) es una asociación entre el gobierno federal y el gobierno local que autoriza a una agencia local de aplicación de la ley a realizar tareas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés). La policía local recibe poca capacitación y a menudo discrimina racialmente a los residentes negros, los pueblos indígenas y las personas de color, presumiendo que tienen un problema de inmigración. 287 (g) se refiere a la sección de nuestras leyes de inmigración que autorizan esta asociación.
Los condados de Cecil, Frederick y Harford tienen actualmente acuerdos 287 (g) con ICE en Maryland. Los acuerdos actuales permiten a la agencia capacitar y autorizar a los agentes de policía en los centros de detención locales para actuar como agentes de ICE, y cuestionar el estatus migratorio de las personas y comenzar el proceso de deportación.
Actualmente, el DHS solo organiza "acuerdos de cárcel" que permiten a la policía local actuar como agentes federales de inmigración dentro de las cárceles locales. Esto resulta en que la policía local pregunte si las personas en estas cárceles son ciudadanos o no. Preparan documentos para acusarlos de violaciones de inmigración y ordenan la detención continua de las personas que podrían ser deportadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia la policía local actúa ilegalmente como agentes de ICE fuera de las cárceles.
Los sheriffs de estos tres condados afirman que el programa es para la seguridad pública, pero eso es un mito. Este programa no solo inculca miedo en las comunidades de inmigrantes, sino que las aliena y discrimina racialmente. Las personas arrestadas y procesadas a través del programa 287(g) son abrumadoramente no violentas y son arrestadas por delitos de tráfico para que puedan ser interrogadas sobre su estatus migratorio en la cárcel y luego tienen procedimientos de inmigración iniciados contra ellas y luego son deportadas.
No se deje engañar para que piense lo contrario. Las personas procesadas a través del programa 287(g) son abrumadoramente personas negras, morenas y de color.
En el condado de Frederick, más del 80 por ciento de los arrestos del programa 287(g) fueron por delitos de bajo nivel y el 60 por ciento fueron por delitos de tráfico.
El estudio de 2018 de inmigrantes mexicanos que eran indocumentados mostró que:
- el 61 por ciento es menos propenso a reportar crímenes que vieron y
- el 43 por ciento menos probabilidades de denunciar ser víctima de un delito.
¿ESTÁN ENTRENADOS?
Los agentes de policía locales no están preparados para actuar como agentes de inmigración en las cárceles locales. Los oficiales tienen que aprender cómo hacer cumplir la ley federal de inmigración compleja en un Programa de Delegación de Autoridad de Inmigración de solo cuatro semanas, mientras que los Oficiales de Deportación tienen que pasar por un Programa de Capacitación de Aplicación de la Ley de Inmigración de 12 a 16 semanas, para aprender cómo hacer cumplir esas mismas leyes. La inadecuación de la capacitación en el programa 287(g) conduce a violaciones de los derechos civiles, como perfiles raciales, arrestos falsos y más. También puede conducir a un acoso significativo por parte de la policía local de la comunidad inmigrante.
¿CÓMO SE FINANCIAN?
ICE cubre el costo de la capacitación de oficiales delegados, pero los gobiernos estatales y locales tienen que pagar la mayoría de los costos asociados con un programa 287(g), incluidos los viajes, la vivienda y las dietas de los oficiales durante la capacitación; salarios; horas extras; otros costos de personal; y suministros administrativos.
Sin embargo, la policía local participa en algunos programas y subvenciones para ayudar a pagar el programa 287(g). Los Acuerdos de Servicio Intergubernamental (IGSA por sus siglas en inglés) es otra asociación con el gobierno federal donde el centro de detención de la localidad alquila camas a ICE para detener inmigrantes. Los condados de Frederick, Howard y Worcester tienen IGSA para enjaular a los inmigrantes que están detenidos en Maryland. Con estos acuerdos de IGSA, los condados se están beneficiando del dolor y la separación de las familias inmigrantes.
Algunas agencias de aplicación de la ley también reciben fondos a través del Programa Estatal de Asistencia a Extranjeros Criminales (SCAAP por sus siglas en inglés), que les da fondos federales para reembolsar cualquier gasto gastado en encarcelar a inmigrantes con condenas penales graves en su cárcel.
La ACLU de Maryland se opone firmemente al programa 287(g). Conduce a la discriminación racial ilegal y a abusos de los derechos civiles.
El CONDADO DE FREDERICK
El condado de Frederick fue el primero en presentar este programa racista en Maryland en 2008 bajo la administración de Obama. En los 12 años desde entonces, más de 1500 residentes de Frederick han sido procesados para la deportación, la mayoría cometió delitos no violentos y violaciones de tráfico. Como resultado, miles de familias se han visto afectadas negativamente en Maryland, mientras que los residentes de Frederick han tenido que enfrentar el impacto del perfil racial y la estigmatización intencional de los residentes inmigrantes, particularmente las personas Latinx.
Afortunadamente, los residentes de Frederick, tanto inmigrantes como aliados, se han asegurado de que sus funcionarios electos sean conscientes de estas consecuencias a través de un movimiento por los derechos de los inmigrantes. Los líderes inmigrantes locales comenzaron a abogar en contra del programa en las reuniones anuales del comité directivo 287(g) y en 2018 formaron la Coalición Levántate (Recursos para el apoyo y poder de inmigrantes) del Oeste de Maryland para organizar las voces y el poder de los inmigrantes y proteger los derechos de todos los inmigrantes que viven en el condado de Frederick y en todo el oeste de Maryland.
La Coalición Levántate también fue importante en la exitosa demanda Medrano v. Frederick Sheriff Jenkins que se resolvió a finales de enero de 2021 en una victoria para los inmigrantes en todo el estado. Medrano es una residente latina de Frederick que fue ilegalmente perfilada racialmente por los agentes del Sheriff de Frederick y casi sé la llevaron de su familia. Junto con la Coalición Levántate, demandó a la oficina del Sheriff y llegó a un acuerdo que le pagó 25,000$ en daños y perjuicios, le dio una disculpa del Sheriff Chuck Jenkins y le proporcionó una serie de medidas para abordar el patrón y la práctica de la discriminación racial, incluyendo capacitación, informes sobre incidentes sesgados y un compromiso garantizado para continuar las reuniones del Comité Directivo 287(g) que se suspendieron en 2020.
La Coalición Levántate también coordina las capacitaciones de “Conozca sus Derechos”, las manifestaciones pacíficas y la defensa efectiva directa de las bases ante los funcionarios del condado.
EL CONDADO DE HARFORD
Desde 2016, la Oficina del Sheriff del Condado de Harford firmó un acuerdo 287 (g) con ICE.
El 28 de noviembre de 2017, el Sheriff del Condado de Harford emitió un comunicado de prensa que resume sus resultados anuales del programa 287(g). Mostraba datos que no explicaban todo. Es por eso que la ACLU de Maryland envió una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener más información sobre las personas a las que apuntaban a través del programa.
ICE no quiere compartir información sobre a quién han estado apuntando a través del programa 287(g). Pero los oficiales y departamentos de policía locales deben rendir cuentas a las comunidades locales a las que sirven. Si los acuerdos 287(g) entre las agencias de policía locales e ICE bloquean a los residentes de la información sobre cómo está operando su fuerza policial, eso es un gran problema que impide la rendición de cuentas del gobierno e impulsa la discriminación racial.
Debido a que ni el Sheriff del Condado de Harford ni ICE proporcionaron toda la información solicitada, la ACLU de Maryland presentó una demanda de FOIA contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) y el ICE para obtener más información sobre las personas detenidas en el programa 287(g) del Condado de Harford. La demanda buscó información acerca de las personas que fueron retenidas para una investigación de inmigración adicional, así como sobre las políticas e instrucciones sobre cómo se suponía que la policía del condado de Harford identificaría a quién apuntarían para una investigación adicional.
El 16 de septiembre de 2019, la demanda llegó a un acuerdo en el que la ACLU recibió información sobre las políticas, directivas e información del Sheriff sobre las personas examinadas para ICE. Lo que los datos revelaron fue preocupante. Hubo un número excesivo de personas procesadas a través del programa 287(g) en un 33 por ciento. La rendición de cuentas es una de nuestras prioridades con respecto a estos programas y debe haber una manera de encontrar a estos Sheriffs electos y al ICE responsables de las acciones que toman y la precisión de sus datos.
EL CONDADO DE CECIL
El condado de Cecil es el tercer y más reciente condado actualmente firmado a un acuerdo 287 (g), a partir de octubre de 2019.
Pocos meses después de que el acuerdo fuera público, los residentes de Cecil comenzaron a compartir su oposición al programa, incluso a través de un testimonio directo y unánime en oposición en el primer Comité Directivo 287(g) del condado. Los residentes, incluidos los miembros de la comunidad inmigrante, presionaron a sus funcionarios electos estatales para que aprobaran el Acto de Confianza y prohibieran las asociaciones locales con ICE. El grupo activista local, Cecil Solidarity, también ha comenzado a distribuir materiales bilingües que se llaman "Conozca sus Derechos" y está comenzando a recopilar datos sobre la implementación del programa. Según el propio reconocimiento de las Oficinas del Sheriff, de los 21 casos en los que los funcionarios del Condado de Cecil trabajaron con ICE para la transferencia de deportación en el primer año del programa, 10 fueron por violaciones de tránsito, como conducir con una licencia suspendida. Esto es el resultado de las políticas anti inmigrantes que dificultan que los inmigrantes obtengan licencias válidas.
EL CONDADO DE ANNE ARUNDEL
El Condado de Anne Arundel tuvo un programa 287 (g) de diciembre de 2017 a diciembre de 2018.
Gracias al trabajo de los residentes que organizaron y a CASA, el Ejecutivo del Condado de Anne Arundel, Steuart Pittman, terminó el programa 287(g) del condado.
CARTAS
- De ACLU of Maryland a Senator Barbara Mikulski (26 de noviembre de 2012)
- De ACLU of Maryland a Senator Ben Cardin (26 de noviembre de 2012)
- De ACLU of Maryland a Representative-Elect John Delaney (26 de noviembre de 2012)
RECURSOS ADICIONALES EN INGLÉS
- Migration Policy Institute Report, proporciona una visión general completa del programa 287(g) y destaca los problemas con el condado de Frederick y otras ubicaciones. (Enero de 2011)
- ACLU of Georgia, Terror and Isolation in Cobb: How Unchecked Police Power under 287(g) Has Torn Families Apart and Threatened Public Safety (Octubre de 2009)
- ACLU of North Carolina and Immigration & Human Rights Policy Clinic, University of North Carolina at Chapel Hill, The Policies and Politics of Local Immigration Laws: 287(g) Program in North Carolina (Febrero de 2009)
- Inter-American Commission on Human Rights, Report on Immigration in the United States: Detention and Due Process, 66-67, 144 (30 de diciembre de 2010)
