CONDADO DE FREDERICK, MD – En respuesta a la acusación federal del alguacil del condado de Frederick, Charles Jenkins, por delitos penales, el ejercicio indebido del cargo público y un historial deficiente en materia de derechos civiles, la Unión Americana de Libertades Civiles y la ACLU de Maryland presentaron una demanda administrativa en el día de la fecha para solicitar una investigación por parte de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (Office for Civil Rights and Civil Liberties, CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. para determinar si es conveniente continuar con el acuerdo 287(g) celebrado entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y la Oficina del Alguacil del condado de Frederick.
El alguacil Charles “Chuck” Jenkins ha fomentado el odio contra los inmigrantes, lo cual representa un uso indebido y un abuso de la autoridad que le otorga su cargo. Su oficina tiene un historial de violación de los derechos civiles de los miembros de la comunidad y una transparencia limitada en lo que respecta a sus políticas y sus prácticas de mantenimiento del orden. En virtud del acuerdo 287(g), el ICE sustituye a los funcionarios locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, lo que genera su deportación y detención, independientemente de la conducta indebida de la Oficina del Alguacil.
Tal como se detalla en la demanda, la ACLU busca que la CRCL investigue lo siguiente:
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La conducta indebida del alguacil, incluida la acusación federal por cargos de conspiración y declaraciones falsas, el uso indebido de su autoridad para fomentar el racismo contra los inmigrantes y su creencia manifestada de que la autoridad suprema de los alguaciles está por encima de los gobiernos estadual y federal.
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Las disparidades raciales en la policía local, las denuncias de discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles.
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Las condiciones inhumanas en la prisión del condado.
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La limitada transparencia y rendición de cuentas al público por parte de la Oficina del Alguacil.
“A cargo del alguacil Jenkins, la Oficina del Alguacil de Frederick ha mostrado un perfil discriminatorio y ha violado los derechos de los residentes inmigrantes, incluidos los de nuestra valiente demandante, la Sra. Sara Medrano, y los de los miembros de la Coalición RISE”, dijo Nick Taichi Steiner, abogado de la ACLU de Maryland. “Es posible que Jenkins no crea que deba rendir cuentas a nadie, pero la comunidad de inmigrantes de Frederick se mantiene fiel a su postura contra él. El gobierno federal debe ser congruente en responsabilizar a Jenkins, investigar su conducta indebida, al igual que la de la oficina a su cargo, y dar por finalizado el acuerdo 287(g) celebrado con la Oficina del Alguacil del condado de Frederick”.
Desde el año 2008, cuando se estableció la alianza entre el ICE y el alguacil Jenkins, la relación entre la policía y la comunidad de inmigrantes del condado de Frederick ha ido empeorando. En varios informes, el sheriff Jenkins ha deshumanizado a los inmigrantes y se ha referido a ellos como “intrínsecamente violentos”, “inmigrantes ilegales” y “pandilleros empedernidos”. Jenkins incluso sugirió a la policía “capturar a estos individuos y llevarlos a Guantánamo hasta su deportación” y, recientemente, difundió teorías conspirativas relacionadas con los inmigrantes, como la existencia de una “guerra química contra los Estados Unidos” porque “todo el mundo odia este país, todo el mundo odia a los Estados Unidos”.
El alguacil Jenkins ha sido demandado dos veces por categorizar racialmente a los inmigrantes del condado de Frederick. En abril de 2023, fue acusado por un gran jurado federal por hacer declaraciones falsas para engañar a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y por ayudar a un propietario local de armas de fuego a evadir las reglamentaciones federales que aplican a las ametralladoras. Jenkins ha estado cumpliendo un período de licencia desde la acusación formal, pero parece seguir llevando a cabo asuntos oficiales. Se ha visto a Jenkins participar de la reunión del comité directivo relacionada con el acuerdo 287(g), a pesar de haberse tomado una licencia de su cargo de alguacil. Durante la reunión, no se abordaron cuestiones como la licencia de Jenkins ni muchas preguntas urgentes planteadas por la audiencia.
En marzo de 2023, en un centro de detención del condado de Frederick, docenas de individuos detenidos fueron forzados, según se informa, a padecer durante horas el colapso de una red cloacal que los rodeó de heces humanas. Por más de una década, el alguacil Jenkins y la Oficina del Alguacil del condado de Frederick han usado su poder para poner en peligro la salud y seguridad de los miembros de su comunidad, lo que genera que resulte inapropiado que él y su oficina sigan teniendo autoridad federal de inmigración en el condado de Frederick.
“El alguacil Jenkins ha causado daños incalculables a las comunidades de inmigrantes del condado de Frederick, pero sus declaraciones imprudentes y antiinmigrantes no son las únicas entre los alguaciles del programa 287(g)”, dijo Naureen Shah, la principal consejera legislativa de la ACLU. “La rendición de cuentas debe incluir una revisión detallada de las prácticas del alguacil y una reconsideración del acuerdo en general”.
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