Contacto: Neydin Milián, milian@aclu-md.org
ACLU de Maryland apoya firmemente a CASA y su derecho fundamental de la Primera Enmienda a emitir declaraciones de preocupación pública en el foro público. Sería incorrecto e inconstitucional si la Delegación del Senado del Condado de Montgomery o cualquier funcionario del gobierno tomaran medidas para castigar a CASA basándose en su protegido discurso político.
CASA fue fundada por personas que huían de la violencia en Centroamérica. Esta organización brinda a la comunidad inmigrante de Maryland servicios básicos, empleo, servicios de salud, clases de inglés y crea la posibilidad para que inmigrantes construyan su propia comunidad próspera. CASA genera poder para un cambio social positivo desde cero, con un enfoque intencional en las comunidades de clase trabajadora, negras, latinas, afrodescendientes y pueblos indígenas. En su declaración, CASA expresó su solidaridad con el pueblo de Palestina, afirmando que “apoyan firmemente[] la lucha por la descolonización” y “condenan[] el escandaloso ataque de Hamas contra Israel” y “piden un alto el fuego para salvar todas las vidas preciosas”.
La Delegación del Senado del Condado de Montgomery emitió una respuesta que parecía decir que cualquier cosa que no fuera un acuerdo incondicional con sus propios puntos de vista del conflicto podría resultar en el desfinanciamiento de CASA. La amenaza de desfinanciar a CASA por su declaración equivale a una discriminación inconstitucional de puntos de vista: el gobierno no puede aprobar un lado de un debate público mientras amenaza el otro. Amenazar públicamente con retirar fondos a una organización debido a su posición política es exactamente el tipo de discriminación de puntos de vista que la Constitución prohíbe y uno de los tipos de errores más peligrosos cometidos por funcionarios públicos porque amenaza fundamentalmente a las instituciones democráticas. Esto pone en alerta a las personas que han expresado publicamente su posicion o opinion, sino cualquiera que esté pensando en hablar publicamente.
Además, la declaración de la Delegación amenaza directamente con un castigo colectivo a la comunidad inmigrante. Esta comunidad durante muchos años ha dependido y ha beneficiado de la experiencia y el impacto único, amplio y profundo de CASA. Las afirmaciones de la Delegación de alianza con la comunidad inmigrante suenan falsas, ya que ningún verdadero defensor de los derechos de inmigrantes de Maryland apoyaría el silenciamiento y demandaria lealtad obligatoria a las opiniones del gobierno.
Para ser muy claro, el discurso de CASA está totalmente protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las amenazas de rescindir contratos y otorgar fondos para declaraciones hechas en el foro público de asuntos de interés público van en contra de los derechos más básicos a la libertad de expresión. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho también:
Es axiomático que el gobierno no puede regular el discurso basándose en su contenido sustancial o el mensaje que transmite. Otros principios se derivan de este precepto. En el ámbito del discurso o la expresión privados, la regulación gubernamental puede no favorecer a un hablante sobre otro. Se presume que la discriminación contra la expresión por su mensaje es inconstitucional. Estas reglas informaron nuestra determinación de que el gobierno infringe la Primera Enmienda cuando impone cargas financieras a ciertos oradores, basado en el contenido de su expresión. Cuando el gobierno destaca no un tema concreto, sino a los puntos de vista particulares de oradores de un tema, la violación de la Primera Enmienda es aún más flagrante. La discriminación de puntos de vista es, por tanto, una forma atroz de discriminación de contenidos. El gobierno debe abstenerse de regular el discurso cuando la ideología motivadora específica o la opinión o perspectiva del hablante es la razón fundamental para la restricción.
Rosenberger v. Rector & Visitors of Univ. of Virginia, 515 U.S. 819, 828–29 (1995) (citas omitidas).
Independientemente del estatus de CASA como contratista o beneficiario, el gobierno no puede regular o castigar su discurso político financiado con fondos privados. Lea Bd. of Cnty. Comm'rs, Wabaunsee Cnty., Kan. v. Umbehr, 518 U.S. 668 (1996) (la decisión del gobierno del condado de rescindir o no renovar el contrato de transporte de basura del demandante en represalia por su discurso crítico con los comisionados del condado viola la Primera Enmienda en los mismos términos que se aplican a los empleados del gobierno); Agency for Int'l Dev. v. All. for Open Soc'y Int'l, Inc., 570 U.S. 205 (2013) (El Congreso no puede exigir que NGOS que recibe subvenciones para combatir el VIH/SIDA tenga una política que se oponga explícitamente a la prostitución; El gobierno no puede tratar de aprovechar la financiación para regular el discurso fuera de los contornos del programa que se financia.). Los tribunales también han reconocido que la no renovación de la subvención por represalia basada en el punto de vista expresado viola la Primera Enmienda. Lea, e.g., Esperanza Peace & Just. Ctr. v. City of San Antonio, 316 F. Supp. 2d 433, 436-64 (W.D. Tex. 2001) (la decisión de la ciudad de suspender la financiación de subvenciones para organizaciones artísticas en represalia por su defensa LGBTQ+ en su programación financiada por subvenciones los castigó por su punto de vista en violación de la Primera Enmienda). No puede haber duda de que la declaración de CASA que expresa solidaridad con el pueblo palestino es un discurso puramente político que no forma parte de los servicios para inmigrantes financiados por el gobierno que brindan. Está igualmente claro que la amenaza de la Delegación de dejar de financiar el trabajo de CASA está explícitamente relacionada con ese discurso político privado.
Las amenazas indebidas de la Delegación pusieron a todas las organizaciones de defensa, organizaciones estudiantiles y defensores individuales en alerta máxima de que la Delegación del Senado buscará usar su autoridad oficial para silenciar a las personas que no están de acuerdo con ellos. La Delegación debería retractarse de su amenaza de retirar fondos a CASA y abstenerse de cometer nuevos abusos de su autoridad. La comunidad inmigrante, la comunidad AMEMSA (árabe, del Medio Oriente, musulmana y del sur de Asia) y cualquier otra persona que tema expresar sus opiniones políticas protegidas por la Primera Enmienda merecen un mejor trato. Los habitantes de Maryland deben tener derecho a expresar opiniones políticas protegidas por la Primera Enmienda sin temor a represalias del gobierno.
Así como ACLU actuó para proteger la Constitución después del 11 de septiembre y resistió la prohibición musulmana del expresidente Trump, nos opondremos a los esfuerzos ilegales para cerrar y desalentar el discurso que se alinee con la comunidad AMEMSA, las comunidades negras, los pueblos indígenas y las comunidades de color cuyos puntos de vista no se alinean con los del gobierno en este debate político.
No se equivoquen, si se toman represalias para retirar fondos a los servicios esenciales que CASA brinda a la comunidad inmigrante, responderemos apropiadamente.
ACLU de Maryland existe para empoderar a los habitantes de Maryland para que puedan ejercer sus derechos con el objetivo de que la ley valore y eleve su humanidad. Nuestra visión es que el pueblo de Maryland se una para afirmar y ejercer sus derechos a fin de abordar las desigualdades y cumplir la promesa aun no cumplida de nuestro país de asegurar justicia y libertad para toda la comunidad.
