Se vuelve a abrir la petición, se busca exigir el cumplimiento del fallo de la demanda judicial colectiva de Bradford que impulsó la Fórmula de Educación Thornton a nivel estatal
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BALTIMORE –Para asegurar que otra generación de estudiantes negros y morenos, en Baltimore no se retrasa en la realización de sus sueños debido a un financiamiento para la educación anticonstitucional y desigual, un grupo de padres preocupados y organizaciones de derechos civiles regresan a la corte hoy para reabrir el histórico litigio de Bradford vs el Consejo de Educación del Estado de Maryland que impulsó la fórmula “Thornton” de financiamiento del estado en 2002.
La petición presentada ante el Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore reabrirá la demanda histórica Bradford, que ordenó la reforma de la fórmula de financiamiento de la educación del estado. También considerará al estado responsable por el fallo de proporcionar los fondos necesarios, tanto para proveer educación de calidad, como para atender las pésimas condiciones físicas en las instalaciones escolares que interrumpen la habilidad para aprender de los estudiantes.
“Debemos invertir en nuestros futuros líderes, ¡que son nuestros niños hoy!”, dijo Angela Gant, madre de dos niños que actualmente asisten a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore. “En las escuelas, los niños necesitan acceso a la tutoría y los recursos de apoyo para ayudarlos a aprender y a prosperar.”
De acuerdo con el Departamento de Servicios Legislativos del estado, la brecha entre lo que el Estado juzgó que el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (BCPSS) requiere para proveer educación de calidad y lo qué realmente fue financiado, fue de $290 millones en el año fiscal 2015. Un análisis independiente ordenado por la Asamblea General para ese año encontró que BCPSS merecía $358 millones. Con el tiempo, a los estudiantes de la Ciudad de Baltimore los han privado de más de $2 mil millones en financiamiento que son requisito constitucional.
Estos números afectan a decenas de miles de niños en las escuelas de la Ciudad de Baltimore, la mayoría de ellos son negros y morenos y sus familias viven en la pobreza. El hijo de Stefanie Croslin, Cohen de 13 años, ama la ciencia, pero su escuela no tiene mecheros Bunsen o una estación para el lavado de ojos, mucho menos la moderna tecnología informática del vecino Condado Baltimore. A la Srta. Croslin le preocupa lo que pasará si él nunca recibe el aprendizaje necesario para ser exitoso en la universidad. Del mismo modo, su hijo menor, Cyrus de 11 años, quedó devastado cuando su escuela canceló las clases de música. Era su materia favorita.
La mayoría de padres con niños en las escuelas de la Ciudad de Baltimore tienen historias como estas. La hija menor de Angela Gant, D’Nyah de 14 años, solía distinguirse en matemáticas, pero recientemente comenzó a tener dificultades. La Srta. Gant quiere ayudarle, pero su escuela ya no ofrece los servicios de tutoría que estaban disponibles cuando su hija mayor se graduó. Deshawna Bryant tiene anemia falciforme y pasó una semana en el hospital después de haber estado un día en el salón de clases sin calefacción durante el invierno pasado. Estos problemas son similares a aquéllos que se resaltaron cuando el caso Bradford se presentó originalmente, hace casi un cuarto de siglo.
“Me gustaría que nuestros líderes supieran que los estudiantes en Baltimore también tienen sueños y solo porque algunos de nosotros no somos lo suficientemente ricos para que esos sueños se vuelvan realidad, no significa que nos los deben quitar”, dijo Deshawna Bryant, estudiante de último año en City College High School en Baltimore. “El hecho de que no tengamos calefacción o aire acondicionado o todos estos fondos, nos aleja de esos sueños y hace que sea más difícil que la gente quiera ir a la universidad”.
Los demandantes en Bradford vs el Consejo de Educación del Estado de Maryland, un caso pendiente en el Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore, es una clase de padres de estudiantes que asisten a las escuelas públicas en la Ciudad de Baltimore representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Maryland, la Defensa Jurídica de la NAACP y el Fondo Educativo (LDF) y BarkerHostetler. En 1996, el Tribunal de Circuito en Bradford declaró que los estudiantes en la Ciudad de Baltimore no estaban recibiendo la educación en escuela pública “completa y eficiente” a la que tienen derecho bajo el Artículo VIII de la Constitución de Maryland. En fallos posteriores, la Corte encontró en repetidas ocasiones que el Estado continuaba violando su deber constitucional con los estudiantes de la Ciudad de Baltimore, incluso proporcionando fondos insuficientes para una educación adecuada, según lo juzgado por los estándares contemporáneos.
“Nuestros hijos ya no pueden esperar”, dijo Dana Vickers Shelley, Directora Ejecutiva de ACLU de Maryland. “Durante décadas, el Estado de Maryland renunció a su responsabilidad de proporcionar los fondos adecuados tanto para la instrucción como para atender las pésimas condiciones físicas de las instalaciones escolares en la Ciudad de Baltimore”.
Los edificios escolares de la Ciudad de Baltimore son, por mucho, los más antiguos del estado. Más del 80 por ciento de las 158 escuelas del sistema están en condiciones “pobres” o “muy pobres”. Los problemas bien documentados incluyen la falta de agua potable debido al plomo no remediado en tuberías de agua, sistemas de calderas anticuados, techos que necesitan ser reemplazados y sistemas eléctricos y de seguridad contra incendios deficientes.
“Durante décadas el Estado de Maryland ha permitido que las escuelas de la Ciudad de Baltimore se deterioren, al no proporcionar los fondos necesarios para darle a miles de estudiantes afroamericanos y latinos la educación de calidad que merecen”, dijo Ajmel Quereshi, Consejero Senior de LDF. “El Estado debe tomar medidas importantes para asegurar que las escuelas de la Ciudad de Baltimore son seguras, funcionales y cuentan con el personal y la infraestructura adecuados para que los estudiantes puedan aprender y prosperar”.
A Baltimore le faltan los recursos que otras jurisdicciones de tamaño similar usan para complementar los presupuestos de mantenimiento escolar y de construcción. Esto significa que Baltimore debe pagar muchas reparaciones de emergencia y renovaciones a las instalaciones que están fuera de su presupuesto de operación, lo que inevitablemente desvía el dinero de la enseñanza. Además, a muchas de las escuelas de Baltimore les falta una variedad de instalaciones necesarias para alcanzar los estándares de educación contemporáneos, como computadoras e instalaciones relacionadas con STEM y programas de arte, música y después de clases. Considerado en conjunto, esta merma en los recursos financieros, ya de por sí escasos, empeora la “brecha constitucional adecuada” en un área en la que la mayoría de los estudiantes son negros, morenos y de familias de bajos recursos.
ACLU ha estado trabajando para asegurar que las necesidades de los estudiantes en la Ciudad de Baltimore, y en otras jurisdicciones que tienen mayor concentración de pobreza y mayor número de inscripción de estudiantes negros y morenos, están totalmente financiadas bajo las recomendaciones de la Comisión de Innovación y Excelencia en la Educación del Estado, la Comisión “Kirwan”. Pero, en repetidas ocasiones la Comisión Kirwan ha retrasado su reporte final y los fondos necesarios para los estudiantes en la Ciudad de Baltimore no parece que estarán completamente atendidos durante la Asamblea General de 2019.
Los demandantes están representados por Elizabeth B. McCallum de BakerHostetler, Ajmel Quereshi y Cara McClellan de la Defensa Legal y Fondos Educativos de NAACP y Deborah Jeon de ACLU de Maryland.
Conozca más sobre la demanda Bradford en línea: https://www.aclu-md.org/bradford
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